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El Cabildo de Gran Canaria aprobó por unanimidad el Manifiesto ‘Gran Canaria Solidaria’ por el que se pretende concienciar de la urgencia con la que deben ponerse en marcha medidas para paliar los efectos devastadores del hambre y la falta de derechos humanos que afectan en la actualidad a mil millones de personas en el mundo.

El Manifiesto, que tuvo el apoyo de todos los grupos políticos, es una iniciativa de la Coordinadora Insular de Solidaridad de Gran Canaria, integrada por el Cabildo y los Ayuntamientos, junto con la Coordinadora de ONGD´s, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Plataforma Pobreza Cero y la Red de Escuelas Solidarias.

El documento presentado esta mañana en sesión plenaria, pide que se cumpla el compromiso adquirido por los gobiernos y estados firmantes de la Declaración del Milenio de Naciones Unidas en el año 2000, en donde se marca el claro objetivo de erradicar el hambre y la pobreza.

Exigen que se fomenten desde los diferentes gobiernos más acciones para el desarrollo, priorizando a los sectores sociales básicos, hasta alcanzar al menos el compromiso del 0,7% de los presupuestos de las instituciones públicas.

Para mejorar la vida en los países más pobres solicitan recursos que estén desligados de intereses comerciales. También piden mayor coherencia en las diferentes políticas de nuestros gobiernos para que todas ellas contribuyan a la erradicación de la pobreza.

Destacan, en otro orden de cosas, que uno de los primeros pasos que deben seguirse es el que se refiere a cancelar el 100% de la deuda “impagable” que los países pobres tienen con los países enriquecidos, el Banco Mundial y el FMI.

Asimismo solicitan que se pueda reinvertir los recursos liberados por la cancelación de la deuda. Además aseguran que deben cambiar las normas del comercio internacional que privilegian a los países enriquecidos y a sus negocios e impiden a los gobiernos de los países empobrecidos decidir cómo luchar contra la pobreza y proteger el medio ambiente.

Piden la eliminación de las subvenciones que permiten exportar los productos de los países enriquecidos por debajo del precio de coste de producción, ya que de esta manera se daña el sustento de las comunidades rurales en los países empobrecidos.

Apuntan, en otro orden de cosas, que se tienen que proteger los servicios públicos de liberalizaciones y privatizaciones para poder asegurar de esta manera los derechos a la alimentación y de acceso al agua potable y a los medicamentos esenciales de las zonas más desfavorecidas del planeta.

Para que los países pobres puedan disfrutar de sus beneficios, solicitan que se potencie y favorezca el acceso a la tecnología de acuerdo a sus necesidades.

Plantean que continuarán con la denuncia permanentemente de las causas que originan esta tragedia y exigirán el cambio en el modelo económico, político y social, a nivel internacional, al servicio del ser humano.

Consideran que todo ello es un deber moral y político de todas las personas, instituciones públicas y de toda la sociedad. Consideran que para que otro mundo sea posible, es preciso el compromiso solidario, organizado y permanente de todos los ciudadanos.